Tras haber leído detenidamente la propuesta de convenio entre la administración de Justicia y el Ayuntamiento de Pamplona–Iruñea, queremos compartir las siguientes valoraciones:
– Hay cuestiones que tienen difícil justificación pedagógica, una de ellas es mezclar la legalidad penalista con intenciones socioeducativas. Como siempre mantenemos, entendemos que la educación es un proceso desde el interior hacia fuera y no a la inversa, por lo tanto la imposición no nos parece valida en términos educativos. En este sentido es un grave error no respetar los procesos de interiorización de cada chico o chica. Además este acuerdo se basa en la vulneración de uno de nuestros principios fundamentales como es la libertad a participar en nuestros proyectos sin ningún tipo de coacciones. Ni lo compartíamos como una condición desde la RIS, ni lo compartimos desde esta modalidad penal. No creemos que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor o el Código Penal nos deban indicar con quien si y con quien no o como y cuando debemos intervenir, mucho menos cuando la posible tipología de los supuestos «delitos» ya sabemos cuales son y a quienes afectan por su condición de clase social desfavorecida. Tiene su gracia que se presente la participación como «voluntaria», y que el chaval tenga que conocer el recurso y aceptar participar. La primera condición de conocer el recurso es valida, pero la segunda es puro cinismo, ya que él o la que no lo acepte se tendrá que enfrentar a un juicio. Para muestra las amenazas punitivas con las que el convenio advierte a quienes incumplan la medida, advirtiéndoles que el Ministerio Fiscal continuaría con la tramitación del expediente judicial.
